Buscan regular anexos, mediante una iniciativa que los obligue a cumplir con requerimientos mínimos de operación.

Uno de los estragos que se generaron a raíz de la pandemia, fue el incremento al consumo de drogas. Debido a esto, se estima un aumento entre un 19 y 21 por ciento en jóvenes de 17 a 28 años, causando que la demanda en centros de rehabilitación aumentara. El problema, existen diversos centros que operan con irregularidades.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se pierden tres millones de vidas a causa del uso nocivo del alcohol, no solo por los efectos a largo plazo que esta adicción produce en los consumidores, sino también de los accidentes viales ocasionados por su consumo inconsciente.

Según el Registro General de Protección contra Riesgos Sanitarios, existen 263 centros de rehabilitación para el tratamiento de las adicciones, y aproximadamente el 80% se encuentra bajo un procedimiento abierto respecto al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 028 de la Secretaría de Salud, misma que contempla los aspectos básicos que deben contar los anexos para poder operar.

No obstante, en Guanajuato solo 13 establecimientos en su modalidad residencial, son reconocidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones, estos se encuentran ubicados en los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Guanajuato y Purísima del Rincón.

El Diputado Gerardo Fernández del  Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentó una iniciativa de Ley para la Atención y Tratamiento de las Adicciones del Estado y Municipios de Guanajuato, buscando establecer las bases para un funcionamiento coordinado entre sociedad y autoridades en territorio guanajuatense. La iniciativa plantea modificar diversos artículos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y derogar diversos artículos de la Ley de Salud del Estado.

Durante la presentación, indicó que un gran porcentaje de los centros de rehabilitación que se encuentran en operación, no cuentan con los requerimientos mínimos para su operación y citó el lamentable suceso que ocurrió en junio donde más de una decena de personas que se encontraban recluídas en un anexo en Irapuato, fueron asesinadas; debido a la falta de regulación de estos centros.