Invest in MX, atención a la pandemia, defensa legal de fideicomisos y bloqueo de vías férreas; temas centrales de la Alianza Federalista

Ante la extraviada decisión del gobierno federal de eliminar el fideicomiso ProMéxico, el cual coadyuvaba de forma integral y exitosa en la atracción de inversión extranjera, así como en el fortalecimiento de la marca México a nivel internacional, este viernes la Alianza Federalista presentó la plataforma Invest in MX.

Conformada a lo largo de 12 reuniones de trabajo con los secretarios de desarrollo económico de los 10 estados y con el visto bueno de expertos internacionalistas y economistas, esta agencia tiene por objeto reposicionar a México en el mundo y llenar el vacío dejado por ProMéxico.

Aseguran que en los últimos días, el gobierno federal ha reiterado su respeto hacia la política exterior; sin embargo, en lo relativo a la política interior no ha demostrado sino afrentas mediante acciones centralizadoras y autoritarias. La desaparición de fondos y fideicomisos como el FONDEN ya ha dejado su huella devastadora en estados como Tabasco y Chiapas y los recortes a los presupuestos estatales harán lo mismo al corto y mediano plazo en lo referente a obras públicas, generación de empleos y sobre todo, en la atención a la emergencia sanitaria que hoy día sufre todo México.

Por otra parte, en un ejercicio de desinformación maliciosa, diversos actores políticos han llamado a la ciudadanía a desconocer su reclamo, asegurando que los datos que otorgaron sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 y que se hicieron públicos, son falsos. Aseguraron que no sólo se han evitado contrarrestar las evidencias, sino que pretenden utilizar los datos del PEF 2021 con alevosía y sólo lo que a su discurso convenga.

La Alianza Federalista indica que han sido claros y precisos con reclamos y exigencias, siempre con evidencia en mano y haciendo uso de información económica proveniente del mismo gobierno federal.

Enfatizaron que la falta de etiquetado y centralización de los recursos hace que en términos formales las reducciones en algunos ramos sean hasta del 100%, situación que ya han denunciado con anterioridad y que lo único que se ha mostrado es la falta de una prospectiva real por parte de la administración federal y una intención acaparadora y discrecional de los capitales.