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NACIONAL - 1 semana ago

Piden intervención de la SCJN ante corrupción en el IPN

La Confederación de Profesionistas y Jóvenes de México (Conapro) solicitó la intervención inmediata del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zalvivar Lelo  Larrea, para que intervenga ante una solicitud de amparo ante presuntos actos de corrupción al interior del IPN.
Su presidente, Silvio Octavio García Rodríguez, recordó que se interpuso un juicio de amparo que le tocó conocer a Dinorah Hernández Jiménez, jueza noveno de distrito en materia administrativa, quien llevó a cabo la audiencia constitucional el 4 de abril de 2022 sin emitir sentencia hasta este momento.
«Los presuntos hechos de corrupción ya los investiga la Fiscalía General de la República, se trata de funcionarios del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que están acusados por el presunto desvió de más de 9 millones de pesos en perjuicio de la comunidad estudiantil», relató.
García Rodríguez sostuvo que dentro de la indagatoria ministerial, se detalla que quedó vulnerado el derecho de la conexión al servicio de internet y de telefonía digital de la comunidad politécnica, al quedar comprometidos el servicio de mantenimiento, que gastas el momento no se ha liquidado.
«Las investigaciones señalan a funcionarios cercanos al director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, como responsables de presuntos actos de corrupción donde aparecen los nombres de Carlos Ruiz Víquez Cuevas, titular de la Coordinación Nacional de Cálculo y subalternos como David Eduardo Magaña Martínez y Francisco Javier Hernández Betancourt, de la dirección de Cómputo y Comunicaciones», recordó.
Estos funcionarios públicos están acusados por afectar a la comunidad politécnica al vulnerar sus derechos humanos, sino también de obstaculizar el proceso de adjudicación de bienes y servicios del IPN y evitar firmar un contrato de servicios, tras un hecho ilegal y de corrupción.
Los empleados del IPN se negaron a firmar el contrato IPN-PS-LICI-020-2021 hasta «depositar» 6 millones de pesos a una tercera empresa a cambio de firmar el contrato asignado a la dos primeras.
Los empresarios afectados se negaron a pagar dicha «comisión», realizaron los trabajos comprometidos con el IPN y desde principios del año esperan a que la institución cumpla con el pago pactado, sin embargo, ante la falta de firmas en el contrato, la institución se ha negado liquidar el pago de los servicios.
Ante esta negativa y habiendo comprometido los servicios de comunicación en materia de internet y telefonía digital de la institución, la comunidad politécnica ha solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ahora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para que se respeten sus garantías en materia de «conectividad digital» y el derecho a la educación.
También las empresas han interpuesto las debidas quejas ante estos dos organismos –uno nacional y el otro internacional– por el respeto a su trabajo, bien remunerado y el derecho al acceso a la justicia, el dañar a más de 70 familias que dependen de esta actividad profesional.
Por si fuera poco, ambas empresas  decidieron presentar denuncias ante el órgano interno de control del IPN; la Secretaría de la Función Pública (SFP); Para solicitar la protección de la federación para hacer respetar su derecho a que el Estado mexicano cumpla con la garantía de trabajo y bien remunerado.
La indagatoria resalta que Gilberto Reyes, uno de los representantes de Telecomunicaciones VG, se identificó como primo del director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes, por lo que «debería acceder a la solicitud del cobro de dicha comisión de 6 millones de pesos, para lograr obtener su pago de 9 millones de pesos.
Cabe señalar que el nombre de Carlos Ruiz Víquez Cuevas, titular de la Coordinación Nacional de Cálculo, aparece, además, en carpetas de investigación en las procuradurías capitalina y federal por presuntos actos de violencia sexual en contra de mujeres que integran la comunidad politécnica.
De esta forma, la Resolución de la sentencia del juicio de amparo, ayudará a resarcir, por una parte, el costo económico de lo que las empresas ya ejecutaron, que es el servicio de mantenimiento de la red de fibra óptica (internet) y de conexión de telefonía digital.

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