Comparecen Carlos Loret de Mola por demanda de Pío López Obrador busca indemnización de 200 millones.

La noche de este martes 27 de febrero, el periodista Carlos Loret de Mola y Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, se encontraron en una comparecencia judicial debido a la demanda interpuesta por Pío López Obrador. Este último busca una indemnización de 200 millones de pesos por daño moral, relacionada con los videos difundidos por el periodista y la plataforma Latinus a mediados de 2020. Estos videos insinúan que Pío López Obrador recibía dinero de David León Romero, quien en ese momento era funcionario federal y había trabajado previamente en el gobierno de Chiapas.

Después de la audiencia en el Juzgado 62 de la CDMX, Carlos Loret afirmó que Pío López Obrador no pudo desmentir ningún aspecto de su reportaje y terminó reconociendo la autenticidad de los videos.

Durante la audiencia, David León comentó que Pío López Obrador lo había amenazado, instándole a cuidar de sí mismo y de su familia. Por su parte, Pío López se abstuvo de hacer comentarios al final de la comparecencia, argumentando que no podía violar una orden judicial sobre la revelación de información sensible.

Carlos Loret de Mola destacó que este caso refleja una creciente agresión del gobierno contra la libertad de expresión, sugiriendo que esto no ocurriría sin el respaldo del presidente López Obrador.

En cuanto al destino del dinero mencionado en los videos, Loret expresó su interés en conocer quién se benefició, ya que según lo que se dice en los videos, ese dinero estaba destinado a la campaña presidencial de su hermano. Esta información podría arrojar luz sobre el sustento económico de López Obrador durante muchos años.

En abril de 2023, el hermano del presidente presentó una denuncia contra el comunicador y Latinus por la publicación de varios videos en los que aparece recibiendo dinero en efectivo de David León Romero. Sin embargo, en octubre de 2022, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República lo exoneró por “falta de pruebas suficientes” para demostrar un delito electoral y enviar el caso a juicio.