Debaten futuro del aborto en mesas de trabajo legislativas en el Congreso del Estado de Guanajuato

La Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato abrió un espacio de diálogo para analizar tres propuestas de reforma al Código Penal estatal relacionadas con la despenalización del aborto. A través de mesas de trabajo, se reunieron con distintos sectores de la sociedad, desde colectivos feministas hasta organizaciones en favor de la vida, así como representantes académicos y algunas autoridades.

Maternidades libres y sin castigos: el llamado de colectivos feministas

Durante la primera jornada, activistas a favor del aborto legal compartieron experiencias y argumentos a favor del derecho a decidir. Señalaron que obligar a niñas y mujeres a continuar embarazos no deseados, muchas veces resultado de violencia, pone en riesgo su salud y su vida. También denunciaron que aún existen políticas institucionales que limitan los derechos reproductivos y priorizan la criminalización.

Expresaron que cada vez más personas apoyan la despenalización del aborto y pidieron al Congreso que armonice las leyes estatales con los criterios ya establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según informaron, desde octubre de 2023 han acompañado a más de 400 mujeres que decidieron no continuar con su embarazo.

Legisladoras como Sandra Pedroza respaldaron estas posturas, argumentando que negar el aborto refuerza estereotipos que imponen la maternidad como un destino inevitable. Otros diputados, como Antonio Chaurand, destacaron que defender la vida no significa castigar a quien decide interrumpir un embarazo no deseado.

Posturas en defensa de la vida desde la concepción

La segunda mesa fue protagonizada por grupos que se oponen a la despenalización. Aseguraron que ningún derecho puede estar por encima del derecho a la vida y pidieron que se respeten sus convicciones. Negaron que existan mujeres encarceladas por abortar en Guanajuato y enfatizaron que la solución no es legalizar el aborto, sino fortalecer el apoyo a mujeres embarazadas.

Criticaron el uso del término «persona gestante», al considerarlo una forma de invisibilizar a las mujeres, y propusieron sancionar a quienes presionen a alguien a abortar. También plantearon incluir educación sobre desarrollo fetal en las escuelas y facilitar procesos de adopción.

Algunos diputados reafirmaron su convicción de defender la vida desde la concepción, pero también coincidieron en que es necesario escuchar todas las voces. La diputada María Eugenia García Oliveros subrayó que este diálogo debe mantenerse respetuoso y plural.

Academia se suma al debate: aborto como tema de salud pública

En la tercera sesión, la Universidad de Guanajuato fue la única institución presente entre las autoridades convocadas. Sus representantes insistieron en que el aborto no debe considerarse un crimen, sino un asunto de salud pública. Recordaron que, cuando se realiza en condiciones seguras, como sucede en la Ciudad de México, no representa un riesgo para la vida de las mujeres.

Lamentaron que otras dependencias como el IMUG o el ISAPEG no asistieran, lo que, según algunas diputadas, muestra desinterés ante un tema que afecta directamente los derechos de las mujeres.

Las mesas de trabajo contaron con la participación de legisladoras y legisladores de distintas fuerzas políticas, quienes reconocieron la importancia de escuchar todas las posturas para avanzar hacia una legislación más justa.

Este ejercicio no resolvió aún la situación legal del aborto en Guanajuato, pero dejó claro que es un tema que divide opiniones y al mismo tiempo exige respuestas concretas desde el ámbito legislativo. La discusión seguirá abierta.