EE.UU. propone impuesto del 5% a remesas; México advierte impacto económico y social.

Una propuesta legislativa en Estados Unidos busca imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde ese país, afectando a millones de migrantes mexicanos y sus familias. La medida, aprobada por un comité de la Cámara de Representantes, excluye a ciudadanos estadounidenses y podría entrar en vigor en 2026 si es ratificada por el Senado y el presidente Donald Trump.

Las remesas son una fuente vital de ingresos para México, superando los 64,745 millones de dólares en 2024 y representando aproximadamente el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional . Expertos advierten que el impuesto podría reducir el PIB mexicano en hasta un 1% si también se bloquean remesas de indocumentados, forzando a los migrantes a usar canales informales para enviar dinero.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó la medida de «inaceptable» e «inconstitucional», y el Congreso mexicano ha solicitado diálogo con legisladores estadounidenses . Además, se prevé que la reforma fiscal impulsada por el Partido Republicano incluya restricciones adicionales, como limitar el crédito fiscal por hijos a familias donde los padres tengan Número de Seguro Social «SSN», excluyendo a millones de niños ciudadanos.

Investigadores de la Universidad de Guadalajara estiman que las deportaciones masivas y un posible impuesto del 10% a los envíos de dinero podrían generar una pérdida de hasta 13,000 millones de dólares en remesas que México recibe al año . Las comunidades más dependientes de estos ingresos, como Chiapas y Jalisco, serían las más afectadas.

El Banco Mundial ha señalado que un impuesto sobre las remesas elevará el costo de las mismas, contraviniendo compromisos internacionales relacionados con la reducción de los costos de las remesas y el fomento de la inclusión financiera . Además, podría alentar el uso de canales informales y menos seguros para enviar dinero al extranjero.

La propuesta aún debe ser aprobada por el Senado y firmada por el presidente Trump. De ser implementada, entraría en vigor en 2026, generando incertidumbre entre las comunidades migrantes y sus familias en México.