Reforma al agua avanza en San Lázaro pese a bloqueos y movilizaciones de agricultores.

Diputados aprobaron este miércoles en comisiones el dictamen que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, con lo que la iniciativa impulsada por el Ejecutivo pasa al pleno para su debate final.

La votación dentro de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento quedó con 28 votos a favor principalmente de la bancada del Morena y sus aliados, 10 en contra de los partidos PAN y PRI, y dos abstenciones.

El nuevo marco legal promete reconocer el agua como un derecho humano, fortalecer la rectoría del Estado sobre los recursos hídricos, poner un alto al “mercado negro” de concesiones, mejorar la regulación de concesiones y favorecer el acceso al agua en regiones con estrés hídrico.

Sin embargo, la reforma ha generado rechazo entre productores agrícolas y organizaciones del campo, quienes advierten que la prohibición de transferir concesiones de agua entre particulares y su reasignación a discreción del Estado podría desestabilizar sus derechos de uso del agua, herencias de tierras y propiedades vinculadas al agua.

Representantes campesinos entregaron durante la sesión una lista con demandas adicionales: solicitaron que se reconozcan los derechos de concesiones ya existentes, incluidas obras de libre alumbramiento no registradas, y que se garanticen los derechos de riego y el acceso equitativo al agua en zonas agrícolas.

La aprobación del dictamen ocurre en un contexto de protestas: grupos de agricultores llegaron a San Lázaro en tractores y advirtieron que reforzarán bloqueos a carreteras, aduanas y puentes si no se atienden sus demandas.

Con este avance, la ley ahora deberá ser discutida en el pleno de la Cámara de Diputados. En caso de aprobarse en lo particular, pasará al Senado, donde se espera continúe el debate. Las decisiones que se tomen definirán cómo se gestionará el agua en México en los próximos años y cómo quedarán protegidos o no los intereses del campo.

La aprobación de hoy marca un antes y un después en la regulación del agua en México: mientras el gobierno asegura que busca garantizar el derecho humano al agua y combatir acaparamientos, para miles de productores agrícolas representa una amenaza a su seguridad hídrica y a su patrimonio.