México llevará ante tribunales de EE.UU. los casos de connacionales fallecidos bajo custodia de ICE.

El Gobierno de México anunció un cambio en su estrategia para buscar justicia por la muerte de ciudadanos mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas “ICE” de Estados Unidos, al pasar de la vía diplomática a acciones legales de carácter penal y civil ante tribunales estadounidenses.

La decisión fue dada a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores “SRE”, luego de que las autoridades mexicanas consideraran insuficientes las respuestas obtenidas tras el envío de diversas notas diplomáticas para esclarecer los fallecimientos de connacionales ocurridos en centros de detención migratoria y durante operativos de ICE.

De acuerdo con el canciller Roberto Velasco, el Gobierno de México solicitará el respaldo de la Fiscalía General de la República «FGR» para presentar denuncias penales ante las autoridades estadounidenses contra los funcionarios que pudieran resultar responsables. 

Paralelamente, impulsará demandas civiles contra empresas privadas encargadas de operar centros de detención donde ocurrieron varios de los decesos.

La medida surge en un contexto de creciente preocupación por las condiciones en las que permanecen miles de migrantes bajo custodia de ICE. Según información presentada por el Gobierno mexicano, al menos 17 ciudadanos mexicanos han fallecido bajo custodia de la agencia migratoria estadounidense durante 2026, mientras que otros casos continúan bajo investigación.

Entre los casos que detonaron la nueva estrategia jurídica se encuentra el de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano que murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante un operativo en Houston, Texas. El hecho provocó un nuevo pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que el Estado mexicano no permitirá que los abusos contra sus connacionales queden impunes y exigió una investigación exhaustiva de lo ocurrido.

Además de los procedimientos judiciales en Estados Unidos, la administración federal buscará el acompañamiento de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y continuará documentando los casos para fortalecer las investigaciones y brindar asistencia consular a las familias de las víctimas.

Las autoridades mexicanas sostienen que el objetivo es establecer responsabilidades individuales por posibles actos de negligencia, uso excesivo de la fuerza o violaciones a los derechos humanos, así como garantizar que las muertes de connacionales bajo custodia migratoria sean investigadas conforme al debido proceso.

El endurecimiento de la postura mexicana representa uno de los movimientos más firmes en materia de protección consular durante la actual administración y refleja la creciente tensión por las políticas migratorias implementadas en Estados Unidos, especialmente ante el incremento de operativos y detenciones de migrantes.