Restringen uso de celulares en primarias y secundarias a partir de este martes.

A partir de este martes 3 de noviembre entró en vigor la regulación que restringe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales durante la jornada escolar en primarias y secundarias públicas y particulares de México.

La disposición forma parte del Acuerdo número 09/09/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece lineamientos para regular el uso de dispositivos digitales en los distintos niveles educativos del país.

La medida también contempla preescolar y educación inicial. En estos niveles, así como en primaria y secundaria, los estudiantes no podrán utilizar sus dispositivos durante las clases ni en el recreo, salvo en situaciones autorizadas.

El acuerdo establece excepciones para actividades educativas previamente programadas y supervisadas por docentes, así como para emergencias personales y necesidades relacionadas con la salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión.

La regulación no implica una prohibición general para que los alumnos lleven sus teléfonos a las escuelas, sino una restricción de su utilización durante el horario escolar, bajo las condiciones establecidas por las autoridades educativas.

En el caso de la educación media superior, como preparatorias y bachilleratos, cada institución deberá establecer sus propias reglas para limitar el uso no pedagógico de estos dispositivos, mediante acuerdos con su comunidad educativa. Para las instituciones de educación superior se promueve el uso responsable y seguro de la tecnología, respetando su autonomía.

De acuerdo con el Gobierno federal, el objetivo es reducir las distracciones en las aulas, favorecer la concentración y fortalecer la convivencia entre estudiantes.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que más del 81 por ciento de los docentes consultados estuvo a favor de establecer reglas para el uso de dispositivos digitales en las escuelas.

La implementación contempla la participación de autoridades educativas, docentes y familias para informar sobre los lineamientos y definir las medidas necesarias en cada comunidad escolar.

El acuerdo también establece que las autoridades educativas estatales deberán emitir o armonizar las disposiciones jurídicas correspondientes dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la regulación.