Gobernadora de Guanajuato pide al Congreso actuar para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos

Durante la presentación del informe anual del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la gobernadora Libia Dennise García reafirmó su compromiso con la seguridad de quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo en Guanajuato.

La mandataria pidió al Congreso local que discuta y apruebe dos iniciativas clave que buscan garantizar su protección. La primera propone que el Estado y los municipios protejan de forma activa el trabajo periodístico y de búsqueda de personas desaparecidas. La segunda plantea castigos de hasta seis años de prisión para quienes agredan a periodistas o defensores, y sanciones más severas si el agresor es un funcionario público.

Durante 2024, el Consejo recibió 25 solicitudes de protección, pero atendió a 30 personas: 26 periodistas y 4 mujeres defensoras de derechos humanos. Tres de estos casos se canalizaron al mecanismo federal, que brinda vigilancia en domicilios y acceso a números de emergencia.

El presidente del Consejo y Secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, destacó que aún hay casos graves de agresiones que siguen sin resolverse. Por ello, hizo un llamado a la Fiscalía estatal para avanzar en las investigaciones y hacer justicia.

El informe también resaltó acciones de capacitación en temas de seguridad, libertad de expresión y autoprotección, dirigidas a periodistas y personas defensoras. Además, se recordó el exhorto emitido durante el proceso electoral de 2024, para que todas las autoridades respeten la libertad de expresión.

Durante el evento, la periodista Sofía Negrete pidió al gremio mantenerse unido, y Cristina Rodríguez, representante de defensores, reconoció el esfuerzo del Consejo por escuchar a todos los sectores.

La gobernadora concluyó con un mensaje claro: “No se pueden tomar decisiones sin escuchar a quienes viven la realidad todos los días”. Aseguró que seguirá escuchando y actuando para garantizar un entorno seguro y justo para quienes defienden la verdad y los derechos humanos en el estado.