Continúan desaparecidos 10 ingenieros de la minera canadiense Vizsla Silver en Sinaloa.
Un grupo armado privó de la libertad a diez ingenieros y trabajadores vinculados al proyecto minero de la canadiense Vizsla Silver en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa, desde la madrugada del 23 de enero, según confirmaron autoridades, familiares de las víctimas y organizaciones del sector minero. El hecho ha generado preocupación nacional por la persistente violencia en la entidad y la falta de avances públicos en las investigaciones.
De acuerdo con familiares y medios locales, los trabajadores se encontraban hospedados en un fraccionamiento identificado como La Clementina cuando hombres armados irrumpieron alrededor de las 6:00 de la mañana y los sacaron por la fuerza. Desde ese momento no se ha tenido contacto con ninguno de los secuestrados.
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México “AIMMGM” confirmó la privación ilegal de la libertad y expresó su profunda preocupación por la situación de los diez profesionistas, a quienes describió como trabajadores con un desempeño honesto en sus labores. La agrupación ha solicitado la intervención urgente de las autoridades estatales y federales para garantizar el regreso con bien de los empleados.
La empresa minera Vizsla Silver Corp., que opera el proyecto conocido como Pánuco en Concordia, también confirmó la desaparición de las personas y señaló que el caso está bajo investigación. En un comunicado, la compañía indicó que notificó a las autoridades locales, activó protocolos de gestión de crisis y suspendió temporalmente algunas actividades en el sitio y sus cercanías como medida preventiva.
Familiares y registros oficiales han difundido fichas de búsqueda para varios de los trabajadores desaparecidos, cuyos nombres incluyen a Saúl Alberto Ochoa Pérez, José Antonio Jiménez Nevárez, Antonio Esparza, José Castañeda, Ignacio Salazar, Antonio de la O, Javier Vargas y Javier Valdez, entre otros. Algunos de ellos ya están registrados en plataformas de búsqueda de personas por autoridades de Sinaloa, Sonora y Chihuahua, debido a que varias de las víctimas son originarias de esos estados.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la apertura de una carpeta de investigación por el caso y la existencia de un seguimiento formal por parte de la autoridad ministerial, aunque hasta el momento no se han reportado resultados públicos significativos ni detenciones relacionadas con el secuestro.
Familiares han denunciado además que la empresa inicialmente no presentó una denuncia formal ante la Fiscalía, presuntamente para evitar consecuencias negativas en su imagen corporativa, lo que ha provocado molestia y desconfianza entre los allegados de los empleados.
Este secuestro ocurre en un contexto de violencia persistente en Sinaloa, donde la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa ha mantenido altos niveles de homicidios, desapariciones forzadas y otros delitos violentos en los últimos años. La falta de avances claros en la investigación ha llevado a organizaciones civiles, familiares y sectores productivos a exigir una respuesta más eficaz de las autoridades para localizar a los trabajadores y reforzar la seguridad en la región.
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