Ángel Aguirre es trasladado al Altiplano; FGR lo acusa de ocultar videos del caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República “FGR” detuvo este jueves al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta participación en el ocultamiento y destrucción de evidencia relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

De acuerdo con la fiscal general Ernestina Godoy, Aguirre enfrenta acusaciones por los delitos de desaparición forzada de personas y obstrucción de la justicia, al ser señalado de haber ordenado el ocultamiento de videos de vigilancia que registraban el momento en que policías municipales y estatales interceptaron uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas durante la noche del 26 de septiembre de 2014.

Las investigaciones federales sostienen que dichas grabaciones, captadas por las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, constituían una pieza fundamental para reconstruir lo ocurrido aquella noche. Sin embargo, autoridades estatales de la época aseguraron que las imágenes no existían debido a supuestas fallas técnicas, versión que ahora la FGR considera falsa.

Según la Fiscalía, nuevas declaraciones obtenidas durante este año, entre ellas la de un testigo colaborador, permitieron establecer que el entonces mandatario estatal habría instruido a integrantes de su administración para desaparecer el material videográfico y evitar que formara parte de las investigaciones oficiales.

La captura de Aguirre representa uno de los avances judiciales de mayor relevancia en el caso Ayotzinapa desde la detención del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y forma parte de una nueva etapa de investigaciones impulsada por la FGR para esclarecer las responsabilidades de funcionarios de distintos niveles de gobierno.

El caso Ayotzinapa continúa siendo uno de los episodios más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México. Diversas investigaciones nacionales e internacionales han concluido que la desaparición de los estudiantes involucró la participación de integrantes del crimen organizado en colusión con corporaciones policiales, mientras que durante años la indagatoria estuvo marcada por irregularidades, manipulación de pruebas y ocultamiento de información.

A casi doce años de la desaparición de los 43 normalistas, únicamente los restos de tres estudiantes han sido plenamente identificados, mientras las familias continúan exigiendo conocer el paradero de los demás jóvenes y que todos los responsables, tanto materiales como quienes presuntamente encubrieron los hechos, enfrenten la justicia.