Diputados aprueban por mayoría las reformas a la Ley de Amparo.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, una iniciativa impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el argumento de “acelerar la impartición de justicia” y “evitar el uso político de los amparos”.

Con 266 votos a favor, 212 en contra y 6 abstenciones, la mayoría oficialista avaló el dictamen que ahora pasará al Senado para su análisis. La oposición advirtió que estas modificaciones representan un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos, pues limitan la posibilidad de suspender actos de autoridad que afecten a la sociedad.

Las reformas proponen eliminar las suspensiones generales en los juicios de amparo, es decir, aquellas que actualmente pueden detener la aplicación de una ley o una política pública para todos los ciudadanos. Con los cambios, las sentencias solo tendrían efecto sobre quien promovió el amparo, y no de manera colectiva.

Además, se busca limitar los casos en que los jueces puedan conceder suspensiones provisionales, sobre todo cuando se trate de actos que afecten al interés social o al orden público, como lo son las medidas tomadas por la Unidad de Inteligencia Financiera «UIF» o las acciones administrativas del Estado.

Otro punto central es que el juicio de amparo ya no será procedente contra reformas constitucionales, reforzando la idea de que el Poder Judicial no podrá frenar cambios realizados por el Congreso. Esto traslada al texto constitucional una disposición que ya existía en la ley secundaria, pero que ahora se haría explícita para evitar interpretaciones judiciales.

La reforma también redefine el concepto de interés legítimo, con el fin de impedir que se usen amparos de manera abusiva para impugnar normas sin demostrar un daño real o directo.

Asimismo, se plantean medidas para acelerar los juicios de amparo, estableciendo plazos más estrictos para su resolución y reduciendo los recursos que alargan los procesos por años. También se propone que, una vez que exista una sentencia firme «por ejemplo, de la Suprema Corte», no se puedan abrir nuevos amparos sobre el mismo asunto.

Sheinbaum ha señalado que estas reformas buscan “ordenar el sistema judicial” y evitar el “uso político del amparo para frenar políticas públicas que benefician a las mayorías”. Sin embargo, también pidió al Congreso revisar un artículo transitorio que podría aplicar la reforma de manera retroactiva a casos en curso, asegurando que no se pretende afectar amparos ya promovidos.

Por su parte la oposición, en cambio, denunció “fraude legislativo”, advirtió que la reforma representa un retroceso en el acceso a la justicia y cuestionó el proceso de aprobación acelerado. 

Mientras tanto, organizaciones civiles y colegios de abogados advirtieron que la eliminación de las suspensiones colectivas podría dejar en vulnerabilidad a grupos que dependen del amparo para detener actos de autoridad considerados inconstitucionales

El dictamen aprobado será turnado nuevamente al Senado para su revisión y eventual sanción.