Estados Unidos prepara fusilamiento de exmilitar condenado por matar a 13 personas

El Ejército de Estados Unidos programó para el 3 de diciembre de 2026 la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, exmayor y psiquiatra militar condenado por el ataque armado que dejó 13 personas muertas y 32 heridas en la base militar de Fort Hood, Texas, en noviembre de 2009. El caso ha desatado una controversia nacional e internacional, principalmente por la intención del Pentágono de transmitir la ejecución en directo por internet, una decisión que todavía estaba bajo revisión el 14 de octubre.

De acuerdo con información publicada por Reuters, Associated Press y el propio Ejército estadounidense, el presidente Donald Trump autorizó la aplicación de la pena de muerte el 2 de octubre, mientras que el secretario interino del Ejército, Adam Telle, fijó la fecha de ejecución para el 3 de diciembre a las 13:00 horas, tiempo central, en Fort Hood, la misma instalación militar donde ocurrió el ataque.

Hasan, quien tenía el rango de mayor cuando perpetró el tiroteo el 5 de noviembre de 2009, ingresó armado a un edificio donde militares esperaban recibir atención y evaluaciones médicas antes de su despliegue. Abrió fuego contra el personal y fue detenido después de resultar herido por disparos de las autoridades. Desde entonces permanece bajo custodia y utiliza una silla de ruedas debido a que quedó paralizado de la cintura hacia abajo.

En 2013, un jurado militar lo declaró culpable y determinó que debía recibir la pena de muerte. El proceso de apelación dentro del sistema de justicia militar concluyó con la ratificación de la sentencia, y en marzo de 2025 la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó revisar su condena. Sin embargo, especialistas citados por medios estadounidenses han señalado que todavía podrían presentarse recursos ante tribunales civiles federales, lo que eventualmente retrasaría la ejecución.

La polémica aumentó el 8 de octubre, cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que el Gobierno pretendía hacer pública la ejecución y posteriormente el Pentágono informó que planeaba transmitirla en directo. La decisión sería excepcional en la historia reciente del país, donde las ejecuciones se realizan habitualmente en instalaciones penitenciarias y ante un grupo limitado de testigos autorizados.

No obstante, el 13 de octubre, CBS News y ABC News informaron que Trump y sus asesores analizaban modificar o cancelar la transmisión ante las críticas y el riesgo de que las imágenes fueran utilizadas como propaganda por organizaciones extremistas. Entre las alternativas discutidas estaba transmitir únicamente los momentos previos al fusilamiento, sin mostrar el instante de la muerte. Hasta el corte informativo del 14 de octubre, no había una decisión definitiva públicamente confirmada sobre el formato de la transmisión.

El anuncio también provocó reacciones de distintos sectores políticos y religiosos. El vicepresidente JD Vance manifestó que no vería la transmisión, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, expresó preocupaciones sobre el posible uso de las imágenes para propaganda. Por su parte, el arzobispo Timothy Broglio, responsable de la atención pastoral de los católicos en las Fuerzas Armadas estadounidenses, pidió a los militares católicos asignados al pelotón que solicitaran ser eximidos de participar, al considerar que la ejecución pública contradice las enseñanzas de la Iglesia sobre la pena de muerte.

La Organización de las Naciones Unidas también cuestionó la iniciativa. Su portavoz, Stéphane Dujarric, advirtió que transmitir una ejecución en directo podría constituir un trato cruel, inhumano o degradante y plantear problemas respecto a las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos.

El fusilamiento de Hasan sería el primero de este tipo ejecutado por el Ejército estadounidense desde 1945. La última ejecución militar en Estados Unidos ocurrió en 1961, cuando el soldado John Bennett fue ahorcado tras ser condenado por violación e intento de asesinato de una niña de 11 años en Austria.

El caso mantiene abierto el debate sobre la aplicación de la pena de muerte, los límites de la difusión pública de castigos estatales y las consecuencias políticas y legales de transmitir una ejecución. Aunque la fecha está programada, la posibilidad de nuevos recursos judiciales y la falta de una resolución definitiva sobre la transmisión impiden dar por hecho que el procedimiento se realizará exactamente en las condiciones anunciadas.