Jueces y Magistrados Inician Paro Nacional Contra Reforma Judicial de AMLO

A partir de la medianoche de este miércoles, jueces y magistrados de todo el país se sumaron al paro nacional en protesta contra la reforma al poder judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta medida ha resultado en la suspensión total de las actividades en los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Desde la sede del Poder Judicial en San Lázaro, la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), ofreció una conferencia de prensa en la que expresó la preocupación del gremio. Según la jueza, la reforma presidencial no solo pone en riesgo la justicia, sino también la estabilidad del país.

«Esta reforma no solo amenaza la justicia; amenaza la estabilidad misma de nuestra nación. Sin una justicia independiente, las inversiones se verán afectadas, la confianza en nuestras instituciones se desmoronará, y los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria», afirmó Fuentes Velázquez ante cientos de trabajadores, quienes coreaban «el poder judicial no va a caer, no va caer».

La jueza advirtió que el país podría enfrentar una crisis constitucional sin precedentes si la reforma no es detenida. Además, subrayó que la concentración del poder en una sola persona representa un peligro tanto para la independencia judicial como para la democracia en México. «Cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, la justicia se convierte en un instrumento de opresión, y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes ostentan el poder», aseguró.

El paro nacional, explicó Fuentes Velázquez, es un acto legítimo de resistencia y no se levantará hasta que la reforma sea desechada y se abra paso a una reforma integral del sistema de justicia, en la cual, según dijo, los jueces y magistrados están dispuestos a participar.

En un manifiesto publicado en su página oficial, la JUFED dejó claro que la suspensión de actividades no será motivo de sanciones legales, juicio político, o responsabilidad administrativa para los participantes.

Con esta acción, los jueces y magistrados han dejado claro que no permitirán que la justicia sea comprometida por intereses políticos, reafirmando su compromiso con la defensa de la independencia judicial y los derechos de los ciudadanos.