Nueva York y otros 21 estados demandan norma migratoria de Trump

Nueva York y otros 21 estados, además del Distrito de Columbia, presentaron una demanda contra la administración de Donald Trump para bloquear una nueva norma migratoria que ampliaría la discrecionalidad de los funcionarios al evaluar solicitudes de visas, tarjetas de residencia permanente y entrada a Estados Unidos.

La disposición del Departamento de Seguridad Nacional permitiría considerar si una persona podría depender de programas de asistencia pública, incluidos beneficios como Medicaid, cupones de alimentos y vales de vivienda. Su entrada en vigor está prevista para el viernes.

La norma forma parte de la política “Supporting America’s Ranchers” y establece que el Gobierno federal podrá evaluar la recepción de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos económicos. A diferencia de reglas anteriores, el cambio no especifica qué programas deben tomarse en cuenta.

Estados advierten posibles pérdidas de fondos federales

La demanda fue presentada el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Los estados argumentan que la norma podría provocar que familias inmigrantes dejen de solicitar o utilizar beneficios a los que tienen derecho por temor a que esto afecte sus trámites migratorios.

Según los documentos judiciales, los gobiernos estatales podrían perder aproximadamente 2 mil 200 millones de dólares en pagos federales debido a una reducción en el uso de programas como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP.

A nivel nacional, la demanda estima que las pérdidas relacionadas con Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños, CHIP, podrían alcanzar alrededor de 4 mil 50 millones de dólares en transferencias federales anuales.

Los demandantes también señalan que el cambio podría generar efectos en la salud pública, las escuelas, las economías locales y la operación de las agencias encargadas de administrar los programas sociales.

FOTOGRAFÍA: AP Photo/Yuki Iwamura.

Qué es la norma de “carga pública”

La disposición de “carga pública” forma parte de la legislación migratoria estadounidense desde 1882. Permite negar una visa o una tarjeta de residencia cuando las autoridades consideran que una persona probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.

Durante años, los funcionarios migratorios se concentraron principalmente en beneficios en efectivo. En 2020, la primera administración de Trump amplió los programas que podían ser considerados, incluidos Medicaid, cupones de alimentos y vales de vivienda.

En 2022, el Gobierno de Joe Biden estableció una regla que excluía nuevamente los beneficios no monetarios de estas evaluaciones. La nueva norma busca revocar esa disposición y permitir que se considere una gama más amplia de apoyos públicos.

De acuerdo con organizaciones defensoras de los inmigrantes, los funcionarios también podrían tomar en cuenta beneficios solicitados en nombre de familiares, incluidos hijos que son ciudadanos estadounidenses.

Ciudades y organizaciones cuestionan el cambio

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, encabezan acciones legales contra la norma. Varias ciudades y gobiernos locales, entre ellos Chicago, San Francisco, Seattle y los condados de Santa Clara, California, y King, Washington, también prevén presentar una demanda.

Los gobiernos demandantes sostienen que el Departamento de Seguridad Nacional excede su autoridad y que el cambio fue aprobado sin evaluar adecuadamente sus posibles consecuencias.

Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advierten que la norma podría afectar especialmente a familias de estatus migratorio mixto, cuyos integrantes podrían dejar de acudir al médico, solicitar asistencia alimentaria o utilizar otros programas públicos por temor a consecuencias migratorias.

La demanda no solicita una indemnización económica. Su objetivo es que el tribunal bloquee la norma, la declare inválida y prohíba al Departamento de Seguridad Nacional aplicarla.