Oficialmente el Barcelona es acusado por corrupción en caso Negreira

La Fiscalía de Barcelona ha presentado una denuncia contra el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, así como contra los ex presidentes del Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el director general Òscar Grau y el ejecutivo Albert Soler (ambos bajo el mando de Bartomeu). La acusación incluye un delito continuado de corrupción en los negocios, en modalidad de fraude deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil.

Según la Fiscalía, las cantidades que se pagaron a Enríquez Negreira fueron para favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club. Si la denuncia es admitida a trámite, la legislación prevé condenas de hasta cuatro años de prisión por corrupción y de hasta tres años por administración desleal.

En caso de que el Barcelona sea condenado por corrupción, como persona jurídica podría ser multado o incluso intervenido judicialmente, sufrir un descenso de categoría o disolverse como entidad.

La denuncia se basa en investigaciones abiertas hace casi un año por un delito contra la Hacienda Pública del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que desembocó en el conocimiento de estos pagos a su empresa por parte del Barça, que desde el año 2001 y hasta 2018 le habría abonado más de siete millones de euros por un irregular asesoramiento verbal.

La denuncia se centra en el hecho de que el Comité Técnico de Árbitros es el encargado de la designación de los colegiados en las competiciones oficiales, así como responsable de ascensos y descensos de esos mismos colegiados, lo que justifica la relación de Negreira con el Barça en la acusación.

La Fiscalía presentó la demanda en el Juzgado de Instrucción número 1 para que se sumen las diligencias que se incoaron tras la querella presentada hace dos semanas por el árbitro Estrada Fernández contra Enríquez Negreira. Sandro Rosell fue incluido en la denuncia por considerar que los supuestos delitos de la acusación no han prescrito.