Piden a empresas telefónicas que se suspendan smarthpones usados para extorsión

La iniciativa propuesta por la diputada Juanita Guerra busca abordar de manera aparentemente inocua el problema de los extorsionadores telefónicos que reutilizan constantemente sus dispositivos. El documento de la diputada del partido Morena plantea que empresas como Telcel, AT&T y Movistar deberán proporcionar mensualmente a la Fiscalía General una lista de los números que presumiblemente se emplean en actos de extorsión.

Sin embargo, el detalle crucial reside en la palabra «presuntamente». El texto no detalla los procedimientos específicos, pero establece que las compañías telefónicas deben compartir con la fiscalía los registros de números señalados por su posible vínculo con extorsiones. A continuación, la fiscalía estaría encargada de no solo cancelar esos números, sino también los dispositivos móviles utilizados, valiéndose de sus códigos IMEI.

La cantidad de extorsiones telefónicas perpetradas en México es una cifra desconocida pero preocupante. Este problema es profundo, difícil de denunciar y aún más complicado de llevar ante la justicia. Uno de los casos más recientes y mediáticos implica a las aplicaciones «montadeudas», que operaban en la Ciudad de México y defraudaron a miles de usuarios con amenazas, acoso y la difusión de contenido comprometedor. De acuerdo con un informe del Consejo Ciudadano, las extorsiones telefónicas aumentaron en un 90% entre 2012 y 2018.

Dada esta situación, la propuesta de la diputada Guerra parece encomiable. Sin embargo, el texto plantea que cualquier línea telefónica denunciada al número de emergencia 089 deberá ser desactivada en México, sin necesidad de una investigación previa ni pruebas del delito.

Además de la falta de procedimientos detallados, el texto hace referencia a estrategias anteriores como el RENAUT de 2009 y el más reciente PANAUT de 2021, que buscaban vincular datos personales y biométricos de los ciudadanos a sus líneas telefónicas. La diputada Guerra propone que las empresas de telecomunicaciones soliciten una identificación oficial a cambio de proporcionar una línea telefónica. No obstante, esto ignora las preocupaciones planteadas por la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que previamente se opuso al RENAUT y al PANAUT. Argumentan que esto podría fomentar un mercado negro de tarjetas SIM o incluso facilitar la extorsión a través de números extranjeros.

La propuesta de la diputada Guerra es enfática: para que se cumpla lo mencionado anteriormente, las líneas telefónicas de prepago en México que no estén vinculadas a una identificación oficial deben ser canceladas. Los usuarios tienen un año para proporcionar sus datos y cumplir con esta regulación.

La iniciativa aún se encuentra en una etapa temprana y es posible que sufra modificaciones. Dada la falta de claridad en algunos párrafos y considerando que el PANAUT fue declarado inconstitucional en México, es poco probable que el texto avance en su forma actual. Sin embargo, su eliminación no está asegurada. Después de todo, si el resultado del RENAUT hubiera sido tan efectivo, probablemente no habría surgido una controversia que llegara hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.