Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila se niegan a entregar agua a EE. UU.

Los gobiernos de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas han manifestado su negativa a entregar agua a Estados Unidos, como estipula el Tratado de Aguas de 1944, argumentando que la escasez hídrica en sus regiones impide cumplir con las obligaciones sin comprometer el abasto local.

El Tratado de Aguas de 1944 establece que México debe entregar 1.75 millones de acres-pie de agua del Río Bravo a EE. UU. cada cinco años. Sin embargo, con el ciclo actual concluyendo en octubre de 2025, México ha entregado menos del 30% de su compromiso, debido a condiciones de sequía extrema que afectan las presas y acuíferos en el norte del país.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, ha enfatizado la necesidad de priorizar el uso del vital líquido para el consumo humano. Aseguró que, en este momento, lo más importante es garantizar el abasto de agua para los mexicanos. Asimismo, acusó una extracción extraordinaria en la presa La Amistad, ubicada al noroeste de Ciudad Acuña, y advirtió que esta operación, al sobrepasar los niveles habituales de extracción, pone en riesgo el suministro para los habitantes de Acuña y Piedras Negras.

Mientras que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, considera inviable cumplir con el tratado en las condiciones actuales. Por su parte, autoridades de Tamaulipas han solicitado una revisión de los acuerdos para evitar presiones externas en medio de la crisis hídrica.

Ante esta situación, el presidente estadounidense Donald Trump ha acusado a México de incumplir el tratado y ha amenazado con imponer aranceles si no se restablecen las entregas de agua. El gobierno mexicano, por su parte ha iniciado negociaciones con los estados afectados para encontrar una solución que permita cumplir con el tratado sin perjudicar a las comunidades locales.

La controversia se intensifica con la reciente negativa de EE. UU. a una solicitud de emergencia de agua por parte de México, una medida sin precedentes en los 80 años de vigencia del tratado.

La situación actual pone de manifiesto los desafíos que enfrentan ambos países en la gestión de recursos hídricos compartidos, especialmente en un contexto de cambio climático y creciente demanda agrícola. Las autoridades mexicanas buscan equilibrar las obligaciones internacionales con las necesidades internas, mientras que las presiones diplomáticas y comerciales aumentan la complejidad del conflicto.