Trump pone bajo revisión protección federal de lobos gris y mexicano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento del Interior evaluar si el lobo gris y el lobo mexicano han alcanzado los niveles de recuperación necesarios para retirar o reducir su protección bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, una medida que forma parte de su estrategia para apoyar a los ganaderos estadounidenses.
La orden ejecutiva fue firmada el pasado 4 de septiembre y establece un plazo de 90 días para que el secretario del Interior, Doug Burgum, determine si ambas poblaciones cumplen con los criterios de recuperación establecidos para proceder con su retiro de la lista federal o con una reclasificación que reduzca su nivel de protección.
El documento, denominado “Supporting America’s Ranchers”, sostiene que los ganaderos necesitan mayores herramientas para enfrentar los ataques de depredadores contra el ganado. Por ello, además de revisar el estatus de los lobos, instruye a las autoridades federales a estudiar cambios que permitan responder con mayor rapidez ante amenazas contra animales domésticos o la seguridad de las personas.
La orden también contempla que, si el Departamento del Interior determina que los lobos han cumplido con los criterios de recuperación, se inicie el procedimiento formal para retirarlos o reducir su protección federal. Sin embargo, la medida presidencial por sí sola no elimina las restricciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción: cualquier retiro definitivo requiere un procedimiento administrativo sustentado en información científica y regulatoria.
En el caso del lobo gris, la situación federal es distinta dependiendo de la región. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre señala que, tras una orden judicial de 2022, la especie permanece protegida en buena parte de los 48 estados contiguos: está clasificada como amenazada en Minnesota y como especie en peligro en otros estados, mientras que la población de las Montañas Rocosas del Norte permanece fuera de la protección federal.
El lobo mexicano enfrenta una situación más delicada. Esta subespecie continúa clasificada como en peligro de extinción y su recuperación depende de poblaciones relativamente pequeñas y de programas de manejo genético y reproducción. El reporte federal más reciente disponible registró al menos 286 ejemplares en libertad y 26 parejas reproductoras al cierre de 2024. Aunque la población creció 11 por ciento ese año, el propio programa de recuperación mantiene como prioridades la diversidad genética, la distribución geográfica y la reducción de la mortalidad causada por actividades humanas.
Organizaciones ambientalistas han advertido que retirar las protecciones antes de que exista una recuperación sólida podría poner en riesgo los avances alcanzados durante décadas. También recuerdan que la población del lobo mexicano continúa siendo reducida y que la especie enfrenta problemas relacionados con su tamaño poblacional, diversidad genética y mortalidad.
La decisión ocurre además en un contexto de cambios más amplios en la política ambiental de la administración Trump. En julio, su gobierno eliminó una definición regulatoria de “daño” utilizada durante décadas dentro de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, una modificación que, según organizaciones ambientalistas, puede reducir la protección de hábitats esenciales para especies amenazadas. La medida ya enfrenta demandas judiciales de estados y grupos ambientalistas.
Para los defensores de la medida, el objetivo es devolver mayor margen de acción a los estados y a los ganaderos para enfrentar los conflictos con depredadores. Para los grupos conservacionistas, el riesgo está en que una reducción prematura de las protecciones permita aumentar la cacería o eliminación de ejemplares antes de que las poblaciones sean suficientemente estables.
Por ahora, la protección federal no ha sido eliminada. El siguiente paso será la evaluación del Departamento del Interior y, en caso de que determine que existen condiciones para modificar el estatus de los lobos, deberá comenzar el proceso administrativo correspondiente.
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