UIF bloquea cuentas de Taddei y empresarios; investigan contratos por 853 millones de pesos.

La Unidad de Inteligencia Financiera «UIF», dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público «SHCP», bloqueó cuentas bancarias de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral «INE», así como de los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, relacionados con empresas proveedoras de material electoral.

La medida fue dada a conocer el 4 de noviembre, cuando la UIF informó que incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras consideradas de riesgo y que requieren revisión por parte de las autoridades competentes. Además, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los movimientos detectados y se determinen posibles responsabilidades.

Aunque la dependencia confirmó la incorporación de personas y empresas a dicha lista, no publicó sus nombres. La identificación de Guadalupe Taddei y de los hermanos Hernández Casillas fue difundida por medios de comunicación nacionales como EL UNIVERSAL, MVS Noticias e Imagen de Veracruz.

El bloqueo de las cuentas ocurre en medio de señalamientos relacionados con contratos millonarios para la adquisición de material electoral durante la gestión de Taddei al frente del INE, responsabilidad que dejó en octubre pasado.

Una investigación publicada por el periódico EL PAÍS documentó que empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron 853 millones de pesos mediante 21 licitaciones electorales. De acuerdo con el reportaje, algunas compañías relacionadas habrían simulado competir entre sí para obtener contratos. La investigación también identificó adjudicaciones con organismos electorales de distintas entidades del país.

Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación «ASF» inició revisiones sobre posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y movimientos de recursos relacionados con organismos electorales, con el propósito de establecer si existieron prácticas indebidas y determinar quiénes podrían ser responsables.

La UIF precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa preventiva y precautoria, por lo que no representa una declaración definitiva de culpabilidad ni acredita por sí misma la comisión de algún delito.

Las investigaciones de la FGR y las revisiones correspondientes deberán determinar si las operaciones financieras detectadas constituyen alguna infracción o conducta delictiva.

Hasta el momento, la información pública no establece el monto total de los recursos bloqueados ni el alcance completo de las operaciones financieras que se encuentran bajo investigación.