Unión Europea aprueba con condiciones la compra de Warner Bros por Paramount

La adquisición de Warner Bros por Paramount, valuada en 110 mil millones de dólares, recibió la aprobación condicional de la Comisión Europea, luego de que las autoridades concluyeran que los compromisos asumidos por la empresa eliminan las preocupaciones relacionadas con la competencia en el mercado.

Como parte de las condiciones impuestas, Paramount deberá poner fin a su acuerdo de distribución con Universal Pictures en Europa. La compañía tendrá un plazo de 13 meses, contado a partir del cierre de la operación, para rescindir ese convenio.

La Comisión Europea indicó que estos compromisos garantizan que las películas de la empresa fusionada no serán distribuidas conjuntamente con las de Universal o Disney, lo que, a su juicio, resuelve las preocupaciones detectadas durante la revisión del acuerdo.

La aprobación representa un avance para la compra de Warner Bros por Paramount, aunque la operación aún enfrenta un proceso legal en Estados Unidos. El pasado 13 de julio, California y otros 11 estados presentaron una demanda para bloquear la fusión, al considerar que la unión de dos de los cinco estudios cinematográficos más grandes podría afectar la competencia en la distribución de películas y televisión por cable.

Un juez federal ordenó suspender temporalmente el cierre de la operación durante 14 días, por lo que la audiencia para determinar si la adquisición permanecerá detenida está prevista para principios de agosto.

Si la compra de Warner Bros por Paramount no se concreta antes de finales de septiembre, Paramount tendría que pagar a los accionistas de Warner Bros una penalización aproximada de 7 millones de dólares diarios por el retraso.

Tras conocerse la incertidumbre sobre la operación, las acciones de Warner Bros registraron una caída, ampliando la diferencia entre su cotización en bolsa y la oferta de compra de 31 dólares por acción presentada por Paramount.

Además del proceso en Estados Unidos, el acuerdo también podría enfrentar una revisión adicional en el Reino Unido, donde el gobierno analiza una posible intervención por motivos relacionados con la diversidad en la propiedad de los medios de comunicación.