Denuncian extorsión electoral del candidato Priísta Mauricio Trejo Pureco en San Miguel de Allende

Más de 200 familias de San Miguel de Allende han denunciado al candidato priísta al Gobierno, Mauricio Trejo Pureco, por condicionar la regularización de sus viviendas a cambio de votos a su favor.

La denuncia se hizo a través de Lucrecia Hernández Chavero, actual candidata a Síndico en la planilla de Trejo y ex Directora del Instituto Municipal de la Vivienda (Imuvi). Hernández se presentó ante las familias del fraccionamiento Ciudades UNESCO, desarrollado durante 2015-2018 para ciudadanos sin comprobantes de ingresos. En la reunión, Hernández advirtió que solo votando por Trejo evitarían perder su dinero y sus viviendas.

“Si no ganamos nosotros, los otros candidatos (Verónica Agúndis del PAN y Osvaldo García de Morena) no van a resolver el problema, y el dinero que ya pagaron se perderá”, declaró Hernández, según una grabación realizada por los vecinos. Cabe señalar que Trejo, durante su anterior gestión como Alcalde, nunca atendió a los afectados.

Trejo tiene un historial controvertido, incluyendo acoso a la prensa, discriminación de indígenas, maltrato a habitantes rurales y la caza de animales en Alaska.

El proyecto Ciudades UNESCO quedó paralizado al inicio de la administración 2021 de Trejo, que busca la reelección en 2024. El fraccionamiento, destinado a crear 3,000 viviendas, se detuvo debido a la pandemia y la falta de apoyo municipal bajo la gestión de Trejo.

Verónica, una ama de casa que invirtió más de 100,000 pesos en una casa en 2018, relató cómo los trámites se estancaron con la llegada de Trejo a la Alcaldía. Las autoridades municipales culparon al desarrollador Ricardo Morales Tardos por no entregar las viviendas, pero los afectados identificaron al gobierno de San Miguel de Allende como el verdadero responsable.

“Al día de hoy, no tengo ni dinero ni propiedad. Quiero la casa que compré para mi familia, pero esta administración está por terminar y no tenemos nada”, lamentó Verónica.

Paulina, madre soltera, es otra de las afectadas. Ella y otras 200 familias han pagado el enganche e incluso la totalidad de sus viviendas, pero siguen sin recibirlas. “Lo que está haciendo este gobierno al pedirnos el voto para darnos lo que es nuestro, es una extorsión”, denunció Paulina.

Los afectados han instado a las autoridades municipales a evitar cometer delitos electorales, advirtiendo que estos son vigilados y sancionados por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.