Congreso de Guanajuato aprueba reformas para fortalecer protección a víctimas

El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Víctimas del estado, con el objetivo de fortalecer la protección a personas afectadas por delitos y violaciones a derechos humanos, así como ampliar los apoyos dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Las modificaciones buscan actualizar el marco legal estatal y alinearlo con estándares constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos e igualdad. Entre los principales cambios, se incorpora la definición de medidas u órdenes de protección, consideradas acciones urgentes para salvaguardar la integridad, libertad y vida de las víctimas, especialmente mujeres, menores de edad y adolescentes.

Estas medidas podrán ser emitidas por el Ministerio Público, autoridades administrativas o instancias judiciales desde el momento en que se tenga conocimiento de un hecho de violencia. Además, tendrán carácter preventivo y cautelar para evitar el contacto entre la víctima y la persona agresora, así como la repetición de conductas violentas.

Las reformas también refuerzan la obligación de las autoridades de actuar con debida diligencia y de aplicar de inmediato medidas de protección cuando exista riesgo para la integridad o la vida. Asimismo, se establece que dichas acciones deberán basarse en criterios de necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con el nivel de riesgo identificado.

Otro punto relevante es la ampliación de apoyos para hijas e hijos menores de edad de mujeres víctimas de feminicidio, homicidio o desaparición, quienes recibirán atención especializada, así como respaldo educativo y jurídico, al ser reconocidos como víctimas indirectas.

Además, se fortalecen las atribuciones de las autoridades encargadas de atender a víctimas, incluyendo el seguimiento y la implementación de medidas de protección, así como la obligación de informar y acompañar a las personas afectadas durante estos procesos. También se establece el registro de dichas medidas en sistemas de información para mejorar el seguimiento institucional.

Las reformas están alineadas con instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establecen la responsabilidad del Estado en la prevención y atención de la violencia.

Durante la presentación del dictamen, el diputado Juan Carlos Romero Hicks señaló que la propuesta es resultado de un ejercicio de parlamento abierto entre distintos grupos legislativos. Indicó que las modificaciones amplían la atención a víctimas y fortalecen las medidas de protección.

Por su parte, la legisladora María Eugenia García Oliveros destacó la importancia de atender a las víctimas indirectas, especialmente a menores de edad que enfrentan condiciones de vulnerabilidad tras la pérdida o ausencia de sus madres por hechos violentos.

En tanto, la diputada Susana Bermúdez Cano subrayó que las reformas buscan garantizar una actuación preventiva y eficaz por parte de las autoridades, con el fin de proteger y restituir los derechos de las víctimas.