Destituyen a Santiago Peña en Paraguay; queda bajo arresto domiciliario y Pedro Alliana asume la Presidencia.

Paraguay atraviesa una crisis política y financiera tras la destitución del presidente Santiago Peña mediante un juicio político. El exmandatario quedó bajo arresto domiciliario por orden de la Fiscalía, mientras que el hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la Presidencia para completar el periodo constitucional 2023-2028.

La destitución fue aprobada el viernes 6 de noviembre por el Senado, con 44 votos a favor y una ausencia. La decisión estuvo relacionada con las acusaciones de presuntos conflictos de interés e irregularidades en torno al colapso de Ueno Bank, una de las principales instituciones financieras del país.

Tras perder el fuero presidencial, Peña fue detenido por la Policía Nacional y trasladado a su domicilio, donde permanece bajo arresto domiciliario. La Fiscalía investiga posibles delitos relacionados con lesión de confianza y otras presuntas irregularidades. El exmandatario niega haber cometido actos ilícitos y sostiene que los problemas del banco corresponden a asuntos de supervisión financiera.

El caso provocó una crisis bancaria que afectó a millones de clientes, quienes enfrentaron restricciones para acceder a sus ahorros y realizar operaciones financieras. Entre los afectados también se encuentran jubilados y dependencias públicas que recibían o administraban recursos a través de la institución.

Pedro Alliana rindió protesta ante el Congreso Nacional y asumió el cargo para concluir el mandato que finalizará en agosto de 2028. En su primer mensaje como presidente, aseguró que los afectados por la crisis financiera recibirán una compensación y anunció medidas para atender la situación de los ahorradores.

El nuevo mandatario también prometió transparencia en la administración pública y señaló que su gobierno deberá responder a las necesidades económicas y sociales que enfrenta el país.

La crisis de Ueno Bank y las investigaciones sobre sus vínculos con funcionarios y recursos públicos han provocado protestas y cuestionamientos sobre la supervisión del sistema financiero paraguayo. Las investigaciones continúan para determinar las posibles responsabilidades penales de los involucrados.