Emilio Lozoya obtiene una victoria, la FGR le devuelve propiedad valuada en 38 mdp.

Emilio Lozoya Austin ha obtenido otra victoria sobre la Fiscalía General de la República. Una jueza federal ha declarado inadmisible el recurso legal presentado por los fiscales para retirar de manera definitiva la residencia del exdirector de Pemex en el poniente de la Ciudad de México, valuada en más de 38 millones de pesos, y ha ordenado la restitución de la propiedad.

Tras analizar los argumentos de ambas partes, la jueza Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, Ana Lilia Osorno Arroyo, concluyó que los fiscales cometieron un error al solicitar el cambio de dueño del lujoso inmueble mediante un recurso legal que no estaba vigente cuando presuntamente ocurrieron los delitos.

La FGR sostenía que la residencia de 1,165 metros cuadrados fue adquirida por Lozoya con presuntos sobornos relacionados con la compra de la planta chatarra Agronitrogenados. A pesar de las acusaciones, en septiembre pasado, un juez canceló el proceso penal contra Lozoya al considerar que el daño ya estaba siendo reparado.

Independientemente de este proceso penal, la confiscación definitiva de la residencia, que la FGR pretendía entregar al Gobierno Federal, requería un procedimiento separado conocido como juicio de extinción de dominio.

En mayo de 2019, la casa fue asegurada de manera preventiva, y en noviembre de 2021, con Lozoya ya en el Reclusorio Norte, se iniciaron los trámites para que la propiedad pasara a manos del gobierno. El caso fue tramitado en el juicio de extinción de dominio número 9/2021-V y, tras varios retrasos, se resolvió el 10 de noviembre pasado por la jueza Osorno Arroyo.

Después de revisar los antecedentes, la jueza determinó que la defensa de Lozoya, encabezada por los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso, tenía razón al argumentar que la extinción del dominio solicitada por la FGR no era procedente. Esto se basó en el hecho de que la casa fue adquirida en 2012, antes de que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita fuera motivo de extinción de dominio según la Constitución.

La jueza declaró, en consecuencia, la improcedencia de la extinción de dominio y, una vez que la resolución sea definitiva, ordenó levantar el aseguramiento de la propiedad para que regrese a su dueño.

Dado que esta es una resolución de primera instancia, la FGR tiene la opción de presentar un recurso de revisión para que un tribunal federal analice el caso y determine la confirmación o modificación de la sentencia.

Además, se menciona otra propiedad de la familia Lozoya que la FGR mantiene asegurada y por la cual busca la extinción de dominio. Se trata de una residencia de 3,500 metros cuadrados ubicada en el condominio Quinta del Mar en Ixtapa-Zihuatanejo, adquirida en 2013 por Marielle Helene Eckes, esposa del exfuncionario.

Según las investigaciones de la FGR, el valor de esta propiedad es de un millón 900 mil dólares, de los cuales al menos 1 millón 200 mil fueron pagados con supuestos sobornos de la constructora Odebrecht. Por este motivo, los fiscales promovieron en 2022 un juicio de extinción de dominio para que el inmueble pase a manos del Estado.

Sin embargo, los argumentos utilizados por la Fiscalía en este caso son similares a los del caso de la residencia en Lomas de Bezares, y los defensores han respondido de manera similar, considerando que la solicitud debería declararse improcedente. Esto se debe a que la propiedad fue adquirida mediante una presunta operación de lavado de dinero, delito por el cual, en la fecha en que ocurrieron los hechos, no era procedente la solicitud de extinción.

Si la línea de la jueza Osorno Arroyo se mantiene, el juez responsable del procedimiento podría declarar también la improcedencia de la medida en este caso.