Huachicol fiscal: abren 7 mil carpetas de investigación y recuperan 225 mil millones de pesos.

La Agencia Nacional de Aduanas de México «ANAM» informó que, en lo que va de la presente administración, se han abierto más de 7 mil carpetas de investigación por delitos vinculados con el huachicol fiscal, es decir, por contrabando, evasión de impuestos o alteración documental en la importación de combustibles. Entre los investigados se encuentran empresarios, agentes aduanales, transportistas y elementos de las Fuerzas Armadas.

El director general de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, detalló que las carpetas de investigación están dirigidas a empresarios, transportistas, agentes aduanales, militares y civiles. También aseguró que el monto recuperado por el combate al huachicol fiscal supera los 225 mil millones de pesos.

Las investigaciones abarcan irregularidades detectadas en aduanas, ferrocarriles y estaciones de servicio, donde se habrían alterado pedimentos o fracciones arancelarias para evadir el pago de impuestos en la importación de combustibles. Marín Mollinedo señaló que se ha reforzado la coordinación con autoridades de Estados Unidos para rastrear cargamentos y verificar documentación.

El huachicol fiscal representa para el Estado una doble pérdida: por un lado, el contrabando o desvío de combustibles; por otro, la evasión del pago de impuestos. La recuperación de más de 200 mil millones de pesos se considera una de las cifras más altas registradas en los últimos años por este delito.

Aun así, las autoridades reconocen que el problema persiste y lo califican como un “cáncer” dentro del sistema aduanal y energético.

Entre los señalados se encuentran importadores, comercializadoras, estaciones de servicio, agentes aduanales, transportistas y miembros de las Fuerzas Armadas que participan en la vigilancia de aduanas. Aunque no todos los casos han llegado a sentencia, varias carpetas ya fueron judicializadas.

La ANAM adelantó que, con la nueva Ley de Aduanas, se aplicarán mayores controles para los agentes aduanales y empresas importadoras, además de restricciones más severas en los esquemas de importación temporal y programas IMEX «Importación Temporal Manufacturera Exportadora».

Entre los principales desafíos se encuentra la magnitud de las carpetas abiertas, que representan una alta carga de trabajo en materia de recursos humanos y judiciales, así como la necesidad de lograr detenciones efectivas y sentencias que contribuyan a prevenir nuevas prácticas ilícitas mediante cambios estructurales en el sistema aduanal y energético.

Aunque las autoridades destacan la recuperación de más de 225 mil millones de pesos, expertos advierten que el daño económico real podría ser mayor, debido a que muchas operaciones fraudulentas aún no se detectan o no han sido judicializadas.