Ordenan liberación inmediata de Israel Vallarta tras 20 años sin sentencia.

Una jueza federal ordenó la liberación inmediata de Israel Vallarta Cisneros, quien pasó casi 20 años en prisión sin recibir sentencia. La resolución, dictada el 31 de julio del 2025 por Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca, absuelve a Vallarta de los delitos de secuestro, delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y posesión de armas exclusivas del Ejército, al considerar que la Fiscalía General de la República no logró acreditar su responsabilidad penal.

Israel Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005 junto a Florence Cassez mientras circulaban por la carretera México‑Cuernavaca, más tarde ese mismo día habrían sido sometidos por agentes de la Agencia Federal de Investigación en una operación secreta, fueron trasladados a un predio donde con tortura y amenazas habría manipulado las pruebas.

Posteriormente el 9 de diciembre se transmitió en vivo un supuesto operativo en el rancho Las Chinitas, en Tlalpan, que mostraba a elementos de la AFI liberando a tres víctimas y el arresto de Vallarta y Cassez. Investigaciones revelaron que la recreación fue solicitada por medios de comunicación y organizada por altos mandos de la AFI, incluido Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.

Florence Cassez narró que fue retenida durante horas en un vehículo y luego trasladada al rancho donde la mantuvieron esposada y cubierta, mientras decoraban el lugar con sus fotos, armas y documentos personales para hacer ver el escenario como una casa de secuestro real. 

Finalmente, esa puesta en escena mediática violó garantías básicas del debido proceso: la detención exhibida difundió públicamente una acusación sin elementos verdaderos, contaminando las pruebas y desfigurando el proceso judicial. La Suprema Corte reconoció esas irregularidades al liberar a Cassez en 2013 por el llamado “efecto corruptor”, mientras Vallarta permaneció encarcelado bajo las mismas acusaciones y el uso extensivo de prisión preventiva

Durante estos casi veinte años, la defensa de Vallarta presentó más de diez apelaciones, seis juicios de amparo y denunció sistemáticamente tortura física y psicológica desde el momento de su detención. Incluso organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU, intervinieron exigiendo medidas urgentes para garantizar su integridad.

El caso Vallarta ha sido símbolo de las fallas estructurales del sistema judicial mexicano, incluyendo el uso de la prisión preventiva como castigo anticipado, la fabricación de culpables y la utilización de la tortura como método de obtención de confesiones. Además, el montaje que rodeó su detención evidenció cómo las autoridades recurrieron a escenificaciones mediáticas para reforzar discursos oficiales sobre seguridad que, con el tiempo, demostraron estar plagados de irregularidades.