Guanajuato aprueba Registro Público de Agresores Sexuales; será obligatorio tras sentencia

El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó reformas al Código Penal estatal para crear el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, una medida que será obligatoria para personas con sentencia firme por diversos delitos de carácter sexual.

De acuerdo con el dictamen, la inscripción en este registro deberá ser ordenada por un juez en casos como feminicidio, abuso sexual contra menores, trata de personas menores de edad, acoso u hostigamiento sexual en agravio de niñas, niños y adolescentes, entre otros delitos.

El registro se aplicará una vez que la sentencia sea definitiva y permanecerá vigente durante todo el tiempo que dure la pena de prisión. Además, se extenderá por un periodo adicional de hasta diez años después de que la persona sentenciada obtenga su libertad, incluso si la pena fue sustituida o suspendida.

También se establece que la reparación del daño moral no exime a las personas sentenciadas de ser inscritas en este padrón. La administración y operación del registro estará a cargo de la Fiscalía General del Estado.

Durante la discusión, la diputada Susana Bermúdez Cano señaló que la medida busca fortalecer la prevención de delitos sexuales y reducir la reincidencia, al tiempo que consideró que el registro es compatible con los principios de reinserción social.

Por su parte, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia votó en contra del dictamen al advertir posibles problemas de constitucionalidad. Argumentó que un registro público con temporalidad posterior al cumplimiento de la pena podría considerarse una sanción adicional, lo que contravendría derechos como la reinserción social y la protección de datos personales.

En contraste, el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero respaldó la iniciativa al señalar que existen precedentes de registros similares en el estado, y que este instrumento permitiría prevenir nuevos delitos y fortalecer la protección de víctimas.

Asimismo, legisladores que apoyaron la reforma indicaron que el registro busca funcionar como una herramienta preventiva y disuasiva, especialmente en la protección de niñas, niños y adolescentes.

Durante la sesión también se presentó una propuesta para eliminar el carácter público del registro y limitar su acceso a autoridades, con el argumento de evitar su posible invalidación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, esta reserva fue rechazada por la mayoría.

El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular por mayoría de votos.