SAT propone bloqueo de Netflix, YouTube y Spotify por incumplimientos fiscales.

La propuesta incluida en el paquete económico 2026 para que el Servicio de Administración Tributaria “SAT” pueda ordenar el bloqueo temporal de plataformas digitales como Netflix, YouTube, Spotify, Prime Video o Disney+ en caso de incumplimiento fiscal ha desatado debate entre analistas, especialistas en derechos digitales y la industria tecnológica.

De acuerdo con la iniciativa, la reforma al Código Fiscal de la Federación contempla la adición del artículo 30-B, que obligaría a los prestadores de servicios digitales a otorgar al SAT acceso en tiempo real y permanente a sus operaciones, transacciones y registros centrales para efectos de fiscalización. En caso de incumplimiento, la autoridad podría solicitar a los proveedores de internet suspender el servicio de manera temporal hasta que la empresa regularice su situación.

Para analistas fiscales, el objetivo es cerrar vacíos legales que en los últimos años han permitido retrasos o evasión en las contribuciones, además de garantizar una recaudación más equitativa en un mercado en crecimiento. Sin embargo, advierten que la medida requiere de una infraestructura tecnológica robusta por parte del SAT y de las propias plataformas, lo que podría encarecer su operación y generar problemas de implementación.

Por otra parte, organizaciones como la Asociación Latinoamericana de Internet han manifestado su preocupación por la ambigüedad de la iniciativa, ya que no está claro qué datos específicos podrán ser revisados por la autoridad. Expertos en derechos digitales, como la abogada Grecia Macías, alertan que una medida de este tipo podría ser desproporcionada si no existen criterios claros ni supervisión independiente, además de poner en riesgo tratados internacionales como el T-MEC, que garantizan el libre flujo de información entre países.

Hasta ahora, las principales plataformas digitales no han emitido declaraciones públicas directas sobre el eventual bloqueo. En algunos casos, han evitado responder a solicitudes de comentario o han declinado pronunciarse oficialmente. No obstante, usuarios y organizaciones civiles han expresado su preocupación por los efectos secundarios de la medida, que van desde cortes de servicio hasta vulneraciones a la privacidad y posibles restricciones al derecho de acceso a la información.

El debate en torno a la propuesta refleja la tensión entre la necesidad de fortalecer la recaudación en la economía digital y la obligación de respetar derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a internet. La discusión continuará en el Congreso en las próximas semanas, donde se decidirá si el SAT contará con esta facultad inédita para regular a las plataformas digitales en México. De aprobarse, la medida sería una de las más severas en Latinoamérica en cuanto a regulación digital.