Corte Suprema de EE. UU. desestima demanda de México contra fabricantes de armas

El pasado miércoles 5 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó por unanimidad la demanda de 10 mil millones de dólares presentada por el gobierno mexicano contra varios fabricantes de armas estadounidenses. 

México alegaba que estas empresas facilitaban el tráfico ilícito de armas hacia cárteles del narcotráfico, exacerbando la violencia en el país. Sin embargo, el tribunal concluyó que la demanda no cumplía con los requisitos legales para proceder, amparándose en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas “PLCAA», por sus siglas en inglés.

La demanda, interpuesta en 2021, señalaba que compañías como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock actuaban con negligencia al permitir que sus productos fueran adquiridos por «compradores testaferros» y posteriormente traficados a México. Además, se acusaba a estas empresas de comercializar armas con nombres como «El Jefe» y «Emiliano Zapata», lo que según el gobierno mexicano sugería una orientación directa hacia el mercado criminal del país.

La jueza Elena Kagan, encargada de redactar la opinión de la Corte, afirmó que México no presentó pruebas suficientes de que los fabricantes ayudaran directamente las ventas ilegales. El fallo sostiene que, si bien el tráfico ilegal de armas tiene consecuencias graves fuera del territorio estadounidense, la ley federal protege a los fabricantes cuando sus productos se venden legalmente, incluso si terminan siendo utilizados de manera criminal en otros países.

El gobierno mexicano lamentó la decisión y reiteró que continuará buscando mecanismos legales para frenar el flujo de armas que alimenta la violencia en su territorio. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su preocupación por la falta de responsabilidad de las empresas armamentistas y aseguró que explorará otros caminos diplomáticos y judiciales.

Por su parte, las compañías demandadas celebraron el fallo como una victoria para la industria armamentista y para los derechos establecidos en la legislación estadounidense. Grupos defensores de los derechos de armas también apoyaron la decisión, mientras que organizaciones de derechos humanos y analistas de seguridad señalaron que el fallo limita las posibilidades de cooperación internacional frente al crimen transnacional.

Esta resolución marca un precedente importante en las relaciones entre México y Estados Unidos, especialmente en temas de seguridad fronteriza, comercio y responsabilidad empresarial. Aunque la demanda fue bloqueada, el debate sobre el papel de las armas estadounidenses en la violencia mexicana está lejos de concluir.