Denuncian evasión fiscal en el préstamo del Estado para la compra del Estadio León

Los representantes legales de los socios originales del Club Social y Deportivo León han informado sobre irregularidades relacionadas con un préstamo de 230 millones de pesos otorgado por el Gobierno de Guanajuato a Grupo Pachuca para la compra-venta del estadio León. Estas irregularidades no han sido documentadas adecuadamente ante Hacienda, según se ha denunciado ante el Sistema de Atención Tributaria (SAT).

Durante la revisión de la documentación pertinente, los representantes legales descubrieron que la sociedad Fiera Capital A.C., establecida por los propietarios de Grupo Pachuca y el Club León, los Martínez, se creó un mes antes de solicitar el crédito sin verificar adecuadamente su constancia fiscal ante el SAT. En dicha constancia, se informaba que la sociedad era una “promotora de clubes deportivos privados” y sus ingresos provenían en su totalidad de esa actividad. Sin embargo, ante la Secretaría de Finanzas, la misma asociación se presentaba como una empresa constructora inmobiliaria.

La segunda inconsistencia detectada por los defensores está relacionada con los estados financieros de Fiera Capital, los cuales no informaban de ningún ingreso, a excepción de un millón de pesos destinados a su constitución legal. Además, la sociedad no estaba registrada en el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG).

Curiosamente, a pesar de estas discrepancias, la asociación entregó al municipio de León una suma de 11 millones 900 mil pesos en efectivo como pago del predial, sin aclarar el origen de dichos fondos.

Tanto el préstamo otorgado por el Gobierno de Guanajuato como la posterior compra-venta realizada entre Fiera Capital y el Club Social y Deportivo León, a nombre de Roberto Adán Zermeño Reyes y Héctor Humberto González, no fueron informados a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a pesar de superar los 400 millones de pesos.

Los representantes legales han asegurado que han denunciado estas inconsistencias tanto al SAT como a la UIF, e incluso a la Fiscalía General de la República (FGR), por presunto lavado de dinero.