Indignación en kínder de León por presunto abuso sexual

Padres y madres de familia del jardín de niños Juan Enrique Pestalozzi, ubicado en la colonia Vibar, se manifestaron este martes para exigir justicia por presuntos abusos sexuales cometidos contra al menos siete niñas. Según los testimonios, una maestra identificada como María “N” sería la responsable de los hechos y se encuentra prófuga desde mayo.

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) informó que, ante la gravedad del caso, separó temporalmente de sus cargos tanto a la docente señalada como a la directora del plantel. También activó protocolos de atención y brindó acompañamiento psicológico a estudiantes, personal y familias, mientras se lleva a cabo la investigación encabezada por la Fiscalía del Estado.

Durante la protesta, madres y padres denunciaron que los abusos ocurrieron dentro del aula y que las autoridades escolares no actuaron a tiempo. Acusaron a la directora y a la supervisora escolar de encubrimiento, y reclamaron que la SEG tardó semanas en intervenir. Además, señalaron que la maestra ya había sido acusada anteriormente por maltratos físicos y psicológicos hacia los niños.

“Nos dijeron que estaba enferma, pero luego las niñas empezaron a contar lo que vivieron. Fue una pesadilla”, relató una madre. Otra denunció que su hijo no comía por miedo a que la maestra lo insultara.

Las familias piden atención psicológica urgente para los 31 alumnos del grupo afectado, sanciones para quienes permitieron los abusos y la instalación de cámaras dentro de las aulas. También exigen la destitución de otra docente señalada por bullying, identificada como Lety “N”.

La SEG reiteró su política de cero tolerancia ante cualquier acto que vulnere los derechos de niñas y niños, y aseguró que mantiene una colaboración estrecha con la Fiscalía y la Procuraduría de los Derechos Humanos para garantizar una investigación transparente y apegada a la ley.

Por ahora, la principal sospechosa sigue sin ser localizada y se presume que pudo huir a Nayarit. Las familias insisten en que no enviarán a sus hijos de regreso al kínder hasta que haya justicia y garantías de seguridad.