Dialoga Congreso Guanajuato con asociaciones pro aborto

En reunión de las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública, las diputadas y los diputados dialogaron con asociaciones proaborto para escuchar sus opiniones sobre las iniciativas en estudio en materia de interrupción del embarazo.

La primera en hacer uso de la voz fue Jimena Soria, de la asociación GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida AC) habló sobre el marco normativo. Por un lado, mencionó la regulación que se establece en el Código Penal y las causales de no punibilidad del aborto. Dijo que Guanajuato se colocaba con el menor número de causales y era el quinto estado con la peor regulación en el país. Agregó que de avanzar las iniciativas se permitiría que los derechos de las mujeres se garantizaran. También apuntó que el derecho a la vida debía transitar por la protección de la vida de la mujer y de la mujer embarazada.

Precisó que lo que plantean las iniciativas era muy importante porque permitirían que el acceso al aborto fuera una realidad y se aumentaban las causales para realizarlo; y mencionó que de abril a octubre de 2019, 400 mujeres de Guanajuato se practicaron un aborto en la Ciudad de México.

Jimena Soria subrayó que una ley que despenalizaba el aborto no obligaba a las mujeres a abortar, pero una que castigaba si afecta su vida y violentaba sus derechos. Manifestó que de aprobarse las iniciativas se tendría un avance en los derechos de las mujeres.

Por su parte, Paulina Urbieta Ramírez del Colectivo Verde Aquelarre manifestó que lo que las opciones de las mujeres para abortar se dividían muchas veces por la zona geográfica o los recursos con lo que contaban. Argumentó que el número de mujeres guanajuatenses que se habían practicado un aborto en la Ciudad de México era mayor, y que las mujeres abortaban independientemente de su legalidad.

Urbieta Ramírez también señaló que, si estaban a favor de garantizar la vida, debían garantizar otras demandas de las mujeres, que se debían enfocar en otros aspectos más preocupantes como los índices delictivos altos, entre ellos los feminicidios, y no encarcelar a mujeres por el simple hecho de abortar.

Después de hacer mención de diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en la materia, indicó que las propuestas en análisis debían tener un tratamiento de convencionalidad y constitucionalidad que permita que la legislación local garantice los derechos de los que gozaban las mujeres y pidió que se hiciera con una visión de perspectiva de género que permitiera poner los derechos humanos de las mujeres como una prioridad de esta Legislatura, porque de no hacerlo se estarían legislando sin estándares mínimos de derechos humanos y atropello al cuerpo de las mujeres.

En su intervención, Verónica Cruz Sánchez de Centro Las Libres habló sobre la realidad del aborto en la entidad. En primer lugar, hizo referencia a la criminalización y señaló que del 2000 al 2010 había 138 casos de mujeres que habían sido criminalizadas por el delito de aborto en la entidad; y que ahora, en Guanajuato, no había mujeres criminalizadas por ese delito, ya que habían trabajado de cerca con las mujeres y el Poder Judicial para entender dicha problemática; además de estar trabajando con el sector salud.

Cruz Sánchez fue enfática en que se debía eliminar el tipo penal de aborto, el cual dijo no debía existir porque era desproporcional y lo enfrentaban más las mujeres pobres y marginadas.

Mayela Torres de Red Define Mx indicó que en México el aborto era la cuarta causa de muerte materna en México y que Guanajuato tenía una de las leyes más restrictivas en el tema y, sin embargo, no evitaba que el aborto se produjera, sino que orillaba a las mujeres a la clandestinidad.

Por su parte, Leslie Nayeli Segura de Movimiento Feminista Irapuato y Resistencia Radical Irapuato precisó que cuando el Estado y la sociedad obligaba a las mujeres a maternar se les condenaba a ambos a una vida de limitaciones. Subrayó que de modificarse la ley se impactará de forma positiva en la vida de miles de mujeres y en generaciones con mejores condiciones de vida, lo que se reflejará en una sociedad más consciente y preparada, reduciendo el número de abortos clandestinos y violencia.

También manifestó que los hospitales deben fortalecer la atención brindando información objetiva y respetuosa sobre educación sexual y métodos anticonceptivos; y exhortó a las y los legisladores a tomar una postura por el bien común de las mujeres del estado sin estigmas religiosos o morales.

Julián Cruzalta de Católicas por el Derecho Libre a Decidir señaló que la ética pública debía encontrar las mejores oportunidades de explorar a las personas y lo que creían, y que como legisladoras y legisladores no eran responsables de las decisiones de los ciudadanos porque era un asunto de salud pública. Indicó que los valores de la ética pública eran las libertades, que las veces que alguien se reproduce no era decisión del Estado, y se debían respetar todos los derechos y las visiones. Mencionó que en Europa la despenalización del aborto tenía más de 20 años y que no significaba obligar a alguien a hacerlo.

El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo señaló que la metodología utilizada había sido restrictiva y dio lectura a una misiva remitida por varias mujeres de la que mencionó, entre otras cosas, que criminalizar el aborto era discriminatorio porque afectaba los derechos reproductivos de las mujeres; que legalizarlo amortiguaba las desigualdades en la crianza que normalmente era atribuido a las mujeres; que con leyes restrictivas se realizaban la misma cantidad de abortos; que la planificación familiar era un asunto de derechos humanos; que las niñas, adolescentes y mueres guanajuatenses debían ser protegidas por el Estado; que la interrupción legal del embarazo no atentaba contra la vida; y que el aborto no era un tema moral sino de derechos humanos.

Por su parte, la congresista María Magdalena Rosales Cruz reiteró que ellos habían solicitado que se pospusiera la reunión pero que se había impuesto la mayoría para que fuera a través de medios virtuales. Que su iniciativa planteaba respetar un derecho humano, el de decidir sobre su propio cuerpo, el cual tenía que estar plasmado en la Constitución y las leyes, y recordó que como legisladores y legisladoras legislaban para todos y no para las conciencias.

Finalmente, el legislador Isidoro Bazaldúa Lugo agradeció la participación y el interés externado en el tema. Mencionó que su iniciativa fue presentada en octubre de 2018 y recordó los objetivos de su propuesta legal de los que, dijo, se busca reconocer el derecho de la mujer a decidir si tiene o no a un hijo y que el Estado les debe reconocer los derechos de los que ya gozan.

Concluyó que el Estado había sido rebasado jurídicamente y que los derechos reproductivos de las mujeres debían ser reconocidos, y que tarde o temprano se aprobarán, por lo que invitó a las mujeres a no dejar de luchar.