Industria cinematográfica debate propuesta de nueva Ley de Cine y el Audiovisual.

El gobierno mexicano presentó recientemente una iniciativa para reformar de manera profunda el marco jurídico que regula la cinematografía y la producción audiovisual en México, mediante la propuesta de una nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual que sustituiría la normativa vigente desde 1992. El proyecto legal busca adaptar la regulación a las dinámicas actuales de producción, distribución y consumo audiovisual, especialmente ante el auge de las plataformas digitales y los desafíos tecnológicos que enfrenta la industria.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es garantizar una mayor presencia del cine mexicano tanto en salas comerciales como en servicios de streaming. Entre las medidas planteadas se incluye una cuota mínima del 10 por ciento de exhibición para producciones nacionales y la obligación de que estas permanezcan un mínimo de 14 días en cartelera, con revisiones periódicas para evitar que sean relegadas a horarios poco competitivos. De manera adicional, las plataformas digitales estarían obligadas a contar con secciones visibles dedicadas al cine y contenidos audiovisuales mexicanos, con el objetivo de promover su acceso y visibilidad entre las audiencias.

La nueva ley contempla también un esquema de incentivos fiscales y apoyos económicos para estimular la producción nacional. Se plantea que el Estado garantice un presupuesto progresivo destinado a la industria, en sustitución de antiguos fideicomisos, lo que ofrecería mayor certeza a productores y creadores. Además, se prevén estímulos fiscales específicos que buscan atraer filmaciones, fortalecer proyectos independientes y fomentar la participación de talento y empresas mexicanas en todas las etapas de la producción audiovisual.

La iniciativa incluye reformas a la legislación laboral y de derechos de autor para responder a los retos que plantean tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Entre las propuestas destaca el reconocimiento de la voz humana como herramienta artística única, lo que implicaría que su uso en procesos como el doblaje requiera consentimiento explícito y una compensación justa, estableciendo sanciones por usos no autorizados.

Otra de las novedades es la incorporación de un mandato legal para la conservación, restauración y digitalización del acervo audiovisual nacional, con el objetivo de preservar la memoria cultural del país y asegurar que una parte importante de la producción mexicana quede resguardada para futuras generaciones.

Con esta reforma, la legislación deja atrás una visión centrada en la obra audiovisual como mercancía, característica de la ley de 1992, para adoptar un enfoque basado en derechos culturales, acceso democrático a las producciones nacionales y fortalecimiento de la identidad audiovisual del país. 

La propuesta será enviada al Poder Legislativo para su análisis, discusión y eventual aprobación, donde su contenido final podría modificarse de acuerdo con los debates entre legisladores y representantes de la industria audiovisual.

Por otro lado también hay quienes dentro de la industria advierten que es importante que la discusión legislativa contemple las opiniones de distintos sectores, desde cineastas independientes hasta representantes de salas de exhibición y plataformas digitales, para que la normativa final sea equilibrada y atienda las necesidades de todos los actores involucrados, aunque esta postura aún está en desarrollo conforme avanza el análisis en el Poder Legislativo.