Revocan la licencia y liquidan a CIBanco tras señalamientos de EU por posible lavado de dinero.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario “IPAB” revocó la licencia a CIBanco y ordenó el inicio del proceso de liquidación de la entidad, después de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran en junio pasado por posibles operaciones relacionadas con el lavado de dinero y transacciones vinculadas directamente al tráfico de fentanilo.

La medida se suma a una serie de acciones que comenzaron a mediados de 2025, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de órdenes históricas bajo nuevas facultades, calificó a CIBanco junto con Intercam y Vector como “de preocupación primaria” en materia de lavado de dinero, lo que derivó en prohibiciones a ciertas transacciones con instituciones financieras estadounidenses y en el corte de corresponsalías.

El IPAB informó a clientes y público en general que a partir del 13 de octubre iniciará el pago de las obligaciones garantizadas, mientras que las autoridades mexicanas anunciaron que trabajan en mecanismos para proteger fideicomisos y minimizar el impacto en clientes y contratistas. Analistas advierten que la liquidación de una entidad bancaria, además del daño reputacional, puede generar fricciones en sectores que usan servicios fiduciarios y de corresponsalía internacional.

Desde junio, el caso provocó respuestas en cadenas financieras: bancos y empresas han ido terminando relaciones con las firmas señaladas, y el gobierno mexicano tomó medidas temporales para transferir operaciones fiduciarias a instituciones de desarrollo para evitar quiebres inmediatos en contratos y fideicomisos. Fuentes económicas estiman que la restricción de acceso a sistemas financieros internacionales y la pérdida de corresponsales pueden traducirse en costos directos para clientes y en ajustes operativos para el sistema financiero mexicano.

El señalamiento de Washington ha sido duramente criticado por autoridades mexicanas que, en varias ocasiones, han señalado no haber recibido pruebas concretas para sustentar algunas de las afirmaciones y han exigido información adicional. Por su parte, CIBanco y las demás instituciones han sostenido en comunicados que cooperarán con reguladores y que buscarán proteger los recursos de sus clientes mientras se resuelven los procedimientos.

La saga ya dejó consecuencias regulatorias y de mercado: calificadoras retiraron o revisaron calificaciones de las entidades implicadas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso multas por fallas en controles antilavado y el sector financiero mexicano inicio ajustes en sus políticas de cumplimiento para evitar contagios. El gobierno federal, por su parte, ha dicho que busca “salvar valor” y garantizar estabilidad financiera mientras se efectúan ventas parciales de activos y se reubican operaciones clave.

Entre los efectos prácticos que enfrentan clientes y empresas están la interrupción de servicios fiduciarios, la imposibilidad temporal de mover recursos a través de corresponsales en EE. UU., y la incertidumbre sobre el desenlace judicial y administrativo de las acusaciones. Expertos en regulación bancaria  señalan que la recuperación de confianza requerirá transparencia en las investigaciones, sanciones proporcionales y refuerzo real de los controles antilavado en las instituciones involucradas.

Las próximas semanas serán claves para ver cómo se ejecuta la liquidación, cuánto del ahorro de los clientes queda protegido por el IPAB y qué efectos de mediano plazo dejará esta crisis en la confianza del sector bancario mexicano.