Juez declara ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles y Newsom confronta a Trump

Un juez federal de distrito en San Francisco, Charles Breyer, determinó que el despliegue de hasta 4 000 miembros de la Guardia Nacional de California y 700 marines en Los Ángeles, ordenado por el presidente Donald Trump, fue ilegal, al considerar que excedió su autoridad legal y violó la Décima Enmienda de la Constitución de EE. UU. Breyer emitió una orden de restricción temporal que exige que el control de la Guardia Nacional regrese al gobernador Gavin Newsom antes del mediodía del viernes 13, y fijó una audiencia para evaluar una posible orden judicial preliminar el 20 de junio.

En su fallo de 36 páginas, el juez Breyer concluyó que Trump no siguió el proceso establecido en el Título 10 del Código de EE. UU. para federalizar tropas estatales, al pasar por alto al gobernador. Además, expuso que las protestas, aunque intensas, no constituyeron una “rebelión” que justificara tal acción.

El gobernador Newsom celebró el fallo, señalando que “el ejército pertenece al campo de batalla, no a las calles de nuestra ciudad”, y que esta decisión representa “una victoria para la gobernanza constitucional y una reprimenda al autoritarismo creciente”.

Por su parte, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia defendieron la medida como legal y necesaria para proteger instalaciones federales, y anunciaron su intención de apelar.

Sin embargo, poco después, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió una suspensión administrativa que impide aplicar la orden hasta que se resuelva la apelación. El tribunal designó una audiencia para el próximo martes 17 de junio.

Newsom presentó una demanda junto al fiscal general Rob Bonta el 9 de junio, argumentando que las tropas no fueron autorizadas adecuadamente y que su presencia exacerba las tensiones.

Cabe mencionar que Gavin Newsom también ha respondido con firmeza a los rumores de que el expresidente Donald Trump busca reducir o eliminar fondos federales destinados a California, especialmente aquellos dirigidos a universidades públicas. En una publicación en su cuenta de X «anteriormente Twitter», Newsom recordó que California es un estado «donante», ya que aporta aproximadamente entre 80 000 y 83 000 millones de dólares más en impuestos de lo que recibe del gobierno federal.

Las autoridades estatales han presentado cifras para respaldar este argumento: en 2022, California aportó alrededor de 692 000 millones de dólares en impuestos federales, recibiendo solo cerca de 609 000 millones, según datos del Centro de Presupuesto y Política de California y la Oficina de Presupuesto del Congreso. Esto deja un desfase estimado de entre 80 000 y 83 000 millones de dólares, una de las mayores brechas de contribución neta de cualquier estado de EE. UU.

No obstante, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que una medida como la sugerida por Newsom, consistente en retener pagos al gobierno federal, podría constituir evasión fiscal criminal. Calificó la propuesta como “extremadamente temeraria” y alertó sobre los riesgos legales y económicos que implicaría para el estado.

Algunos consideran que Newsom ha convertido esta confrontación fiscal en una estrategia política, destinada a visibilizar la contribución económica de California y ejercer presión frente a posibles recortes, mientras insiste en que el debate debe centrarse en la equidad presupuestaria y la justicia federativa.